La Directiva Bolkestein

La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, creada en el ámbito de un mercado comunitario responde al progreso social y económico cuyo espíritu marcó la elaboración del Tratado UE, estableciendo disposiciones de carácter general para facilitar el ejercicio de la libertad de establecimiento de los prestadores de servicios, manteniendo así un alto nivel de calidad en la prestación de los mismos.

Esta directiva, conocida como La Directiva Bolkestein, se ha traspuesto al ordenamiento español con la entrada en vigor el 27 de diciembre de 2009 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, bajo el mismo espíritu expuesto.

Es frecuente que en el ámbito institucional, numerosas Administraciones Públicas desarrollen servicios de carácter eminentemente económico (se excluyen aquellos tasados por los artículos 25 y 26 de la Ley de Bases de Régimen Local, de obligada prestación en virtud de sus competencias), bien a través de organismos propios (sociedades mercantiles, fundaciones, etc...) o bien per se. 

Éstos servicios, en numerosas ocasiones, colisionan con servicios prestados por empresas particulares, los cuales, por sus características, entendemos que sólo pueden ser prestados por la Administración Pública, la cual se halla jurídicamente legitimada para ello.

En materia de turismo, las actividades desarrolladas por instituciones públicas se ven condicionadas por la demanda social, y quien mejor conocedor de sus propias necesidades y oportunidades que la Adminsitración. Ella, en su ámbito territorial, se ve necesariamente obligada a la promoción de su cultura y al fomento de iniciativas que redunden en la economía local, ante lo que las empresas prestadoras deben ver como una oportunidad y no como una amenaza, y siempre que se halle jurídicamente amparada, debe tomar la iniciativa de la prestación, explorando los mercados para ceder a la empresa privada el relevo de la actividad.